Botsuana ha dado un giro significativo a su política minera con la entrada en vigor, el pasado día uno de octubre, de una norma que obliga a las compañías que obtengan nuevas concesiones a ceder un 24% de participación a inversores locales, siempre que el Estado no ejerza su derecho preferente de compra. La medida busca asegurar que una mayor parte de la riqueza mineral del país permanezca en manos de sus ciudadanos.
El Ministerio de Minerales y Energía ha explicado que la nueva regulación forma parte de un paquete de reformas del Mines and Minerals Act, diseñado para modernizar la gestión del sector y aumentar su impacto en la economía nacional. El cambio sustituye al anterior modelo, que solo garantizaba al gobierno un 15% de participación, y responde a una demanda creciente de mayor equidad en la distribución de beneficios.
Además de impulsar la participación local, la normativa exige que las empresas establezcan fondos de rehabilitación ambiental y promuevan actividades de procesamiento y valor añadido dentro del país, en lugar de exportar los recursos en bruto. El objetivo, según fuentes del ministerio, es que Botsuana deje de depender exclusivamente de la extracción y se convierta en un actor más competitivo en la cadena global de valor minero.
El nuevo marco legal también contempla mecanismos para facilitar la entrada de inversores nacionales mediante la movilización de capitales locales, incluidos fondos de pensiones. Con ello, el Gobierno pretende fomentar un ecosistema financiero capaz de sostener proyectos mineros sin depender de forma exclusiva de grandes grupos internacionales.
Expertos del sector consideran que la medida puede alterar la dinámica de negociación de futuras licencias, especialmente en proyectos de cobre y diamantes, dos pilares del crecimiento económico del país. Sin embargo, advierten que su éxito dependerá de la transparencia en la valoración de activos y la claridad del proceso de adjudicación.
Con esta decisión, Botsuana reafirma su apuesta por un modelo de desarrollo más soberano y sostenible, en el que la riqueza del subsuelo se traduzca en oportunidades reales para su población.
Fuente: nairametrics.com; botswanalaws.com