El acuerdo de Estado frente a la emergencia climática propuesto por Pedro Sánchez nos recuerda a las conclusiones de una comisión mixta de ambas cámaras legislativas, Congreso y Senado, que entre 2008 y 2011 estudió qué nos esperaba con el cambio climático.
Qué tristeza hemos sentido todos este verano cuando íbamos conociendo el cada vez más desolador e impresionante impacto de los incendios en nuestro país: en apenas dos semanas de agosto, más de 358.000 hectáreas fueron calcinadas, elevando el balance anual por encima de las 400.000 hectáreas, una cifra inédita que lo posiciona como el año de peores registros. Solo en el último mes se produjeron 130 incendios, que arrasaron una superficie equivalente, como explicó gráficamente el presidente Pedro Sánchez, a casi seis veces la isla de Ibiza.
Este desastre no solo se limitó a Castilla y León o Galicia, sino que golpeó también Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. El saldo es trágico: además de la destrucción y los miles de evacuaciones, cuatro personas perdieron la vida luchando contra las llamas.
Para entender el porqué de tanto fuego, el diagnóstico científico es claro: la combinación de temperaturas extremas, la sequedad del terreno y la acumulación de combustible vegetal creó un «escenario explosivo». Los últimos cuatro agostos han sido los más cálidos de nuestra historia (59 récords de temperatura batidos solo este año), y en los últimos cinco años, las muertes por calor en España han crecido un 17%. Los eventos climáticos extremos han provocado 32.000 millones de euros en pérdidas materiales y la muerte de más de 20.000 personas en nuestro país. El consenso entre los científicos es absoluto: si antes pasaba una vez cada 500 años que se dieran las condiciones climáticas necesarias, esta ‘tormenta perfecta’ para la expansión del fuego, con el cambio climático ya sabemos que lo de este verano nos ocurrirá al menos una vez cada 15 años.
Frente a esta dramática realidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Es una frase manida, pero cierta: “los incendios de sexta generación no se apagan en verano, se apagan en invierno y en otoño”, y eso subraya la necesidad de un cambio de paradigma, de una acción preventiva y coordinada que trascienda las temporadas de riesgo. Este pacto busca un acuerdo transversal que involucre a todas las administraciones y a la sociedad civil. Es, sin duda, un acuerdo necesario, positivo y responsable, que pretende alinear a administraciones locales, insulares, autonómicas y estatales para que todos sumen y coordinen los esfuerzos durante todo el año.
Entre los diez compromisos propuestos por Pedro Sánchez destacan la creación de fondos permanentes con recursos nacionales y autonómicos para la reconstrucción y prevención, el aumento y mantenimiento de los medios técnicos y humanos (bomberos, brigadistas, agentes forestales) durante todo el año, la mejora de la coordinación a través de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, y el avance hacia una gestión forestal adaptada al siglo XXI. Es en este último punto donde encontramos ejemplos de buenas prácticas como las que se llevan a cabo en el Archipiélago canario, y que han aparecido en medios de comunicación nacionales para explicar que, tras varios veranos con incendios terribles, este caluroso verano no haya vivido grandes fuegos.
Personalmente, la lectura de las propuestas del Pacto Climático me ha traído el recuerdo del trabajo que desde el Congreso de los Diputados hicimos (y de hecho personalmente coordiné), en la novena legislatura, entre 2008 y 2011. Porque el del cambio climático es un fenómeno en el que llevamos trabajando muchos años, que nos ha ocupado y preocupado desde las primeras Conferencias de las Partes de Naciones Unidas donde el mundo empezaba a hablar de la capa de ozono y del peligro de calentamiento de la tierra.
En esos años (2008-2011) presidí la que se llamó Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del cambio climático. 30 diputados y 30 senadores integramos una comisión que durante tres años y en 48 sesiones aprendió y quiso comprender a qué nos ateníamos a través de las comparecencias de Premios Nobel, expertos académicos, responsables de Naciones Unidas, de la Comisión Europea, empresarios, sindicatos, profesores universitarios de toda Europa… todo un trabajo de tres años, una labor concienzuda y metódica de 60 parlamentarios que, incluso con criterios diferenciados, fuimos capaces de llegar a acuerdos.
La comisión concluyó con un informe final con un centenar de propuestas, Con ellas y unas observaciones personales, pocos años más tarde, en 2017, edité una monografía con el título ‘Frenar el cambio climático. Una aportación y 101 propuestas’. El actual secretario de Estado de Medio Ambiente, punta de lanza del actual Gobierno contra el cambio climático, Hugo Morán, me concedió el honor de prologar el libro.
Releerlo horas después de haber conocido las propuestas del Pacto de Estado me ha resultado emocionante: en 2011, es decir, hace ya 14 años, la referida comisión mixta de las Cortes Generales específicamente constituida para el estudio del cambio climático (a partir de 2012 este país no ha vuelto a tener una comisión compartida entre Congreso y Senado sobre asuntos climáticos) reclamaba que España dispusiera, y cito textualmente, “de una estrategia integral y consensuada para combatir el cambio climático cuya repercusión ya se deja sentir en nuestro territorio”. “Además -afirmaba el texto de conclusiones- es una responsabilidad ciudadana que alcanza tanto al compromiso individual como colectivo, necesitando por ello de una amplia concertación social que posibilite una respuesta colectiva por medio de los diferentes agentes representativos de nuestra sociedad”.
Esa es, precisamente, la base de la demanda del Pacto Climático de Pedro Sánchez. Porque en las medidas propuestas en 2025 hay mucha coincidencia con lo que se advertía a través de 100 recomendaciones catorce años atrás. Solo les voy a reproducir una de las principales: “Se recomienda que el Gobierno haga de las políticas de cambio climático un eje básico de las políticas económica, energética, industrial, de infraestructuras, agrícola, forestal, de gestión de residuos y agua, comercial e internacional”.
Dicho esto, y ante el exponencial agravamiento de las condiciones a las que nos vemos expuestos todos y todas ante el cambio climático (la agresividad de las DANAs, la explosividad y rapidez con que arden hectáreas de bosques y campos, la dureza de los días con alerta por calor extremo…) el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática debería ser objeto de reflexión cívica y colaborativa. Porque si queremos darle ejemplo al mundo y hacerlo un lugar vivible, debemos empezar pactando en nuestro país (para dar ejemplo sobre ello) lo que posteriormente debería convertirse en un pacto Global.
Si bien es cierto que esto es algo que se intenta año tras año por parte de Naciones Unidas en las mencionadas COP, la tensión que hoy vive nuestro planeta nos sitúa ante otra utopía: ni Trump (EEUU), ni Putin (Rusia), ni Xi Jingping (China) parecen tener el más mínimo interés en tomar medidas audaces para evitar que siga creciendo el ya tremendo impacto que ocasiona el calentamiento global.
La semana próxima les hablaré precisamente de este tema desde la perspectiva africana, sobre el que me han leído en muchas ocasiones. Es la paradoja africana ante la crisis climática: quien menos contamina es quien más sufre los embates del cambio climático. Y como canarios eso debe preocuparnos, porque nuestras circunstancias nos vinculan geográfica y climáticamente a lo que ocurre en África occidental.
Durante este verano no han dejado de publicarse estudios científicos e informaciones que ponen cifras y dan entidad a la emergencia climática en África. Y, juntos, impresionan. Lo que está ocurriendo tiene consecuencias directas e indirectas en una gran cantidad de ámbitos: el de la salud, el agrícola, la seguridad, obviamente la economía… en todo.
P.D: Sirvan estas lineas como expresión de respeto hacia aquellos que colaboraron en la elaboración del trabajo en el que se inspira este artículo, en el recuerdo de todas las conversaciones, incluso discusiones y confrontación de opiniones que tuvimos durante esos días. Unos valores que, lamentablemente, no percibo en el trabajo parlamentario actual.