Zambia fue el primer país africano en declararse en suspensión de pagos tras la pandemia de COVID-19. El anuncio oficial se produjo en noviembre de 2020, cuando el Gobierno reconoció que no podía seguir cumpliendo con sus compromisos financieros. Desde entonces, el país ha emprendido un complejo proceso de reestructuración económica que ha implicado duros ajustes presupuestarios y una drástica reducción del gasto público.
La crisis ha tenido un impacto directo en sectores esenciales como la agricultura, la sanidad y la educación. En zonas rurales como Shimabala, a las afueras de Lusaka, los pequeños productores han visto encarecerse el coste de la electricidad y el combustible tras la retirada de los subsidios. Sinoya Phiri, agricultor local, asegura que mantener su actividad se ha vuelto más difícil debido al alza de precios y a la caída del poder adquisitivo de los consumidores.
La economía zambiana, muy dependiente de la exportación de cobre, sufrió un importante descenso de ingresos durante la pandemia. Paralelamente, la deuda externa del país pasó de 11.000 millones de dólares en 2018 a más de 16.700 millones en 2024, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta carga obligó al Ejecutivo a redirigir fondos desde áreas prioritarias hacia el servicio de la deuda, lo que ha limitado su capacidad para impulsar el crecimiento.
En junio de 2023, Zambia alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores, incluidos China y el Club de París, para reestructurar una parte significativa de su deuda. El pacto contempla moratorias y plazos de devolución de hasta 20 años, pero no implica condonaciones. Además, el país mantiene un programa con el FMI que prevé un apoyo financiero de más de 1.400 millones de euros, sujeto a revisiones periódicas.
A pesar de los desafíos, el FMI prevé que el crecimiento económico de Zambia alcance el 5,8 % en 2025, impulsado por un repunte en la producción agrícola y minera. No obstante, la inflación, que llegó al 15 % en 2024, y la devaluación del kwacha siguen generando presión sobre los hogares.
Tanto expertos locales como organizaciones civiles coinciden en que la transparencia del Gobierno en la gestión de la deuda ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, advierten de que el margen fiscal sigue siendo limitado y que será necesario fortalecer los ingresos internos y priorizar la inversión en sectores productivos para consolidar la recuperación.
Fuente: theguardian.com, elpais.com